Cobro con Transferencia y nueva regulación: el sistema financiero argentino ante el desafío del riesgo tecnológico

Cambios normativos: foco en riesgo operacional tecnológico

La agenda regulatoria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), resumida en el último Informe de Estabilidad Financiera, pone el riesgo tecnológico en el centro de las prioridades para bancos y proveedores de servicios de pago (PSP). Desde febrero de 2026, el BCRA readecuó las Normas de Gestión de Riesgo Operacional y reforzó los Requisitos Mínimos para la Gestión y Control de los Riesgos de Tecnología y Seguridad de la Información. Un punto clave es la extensión de estas normas a los PSP, lo que iguala la vara regulatoria para bancos tradicionales y actores fintech. Adicionalmente, se exigieron criterios más estrictos para la tercerización de procesos tecnológicos y de resguardo de información, especialmente para servicios contratados fuera del país.

Según el informe del BCRA (julio 2026), esta agenda es respuesta al incremento tanto del uso intensivo de tecnología como a la digitalización total de procesos en el sistema financiero, incluyendo la adopción acelerada de Inteligencia Artificial. El BCRA reconoce que la resiliencia del sector depende, crecientemente, de la robustez cibernética de todos los participantes del ecosistema de pagos.

Cobro con Transferencia (CCT): oportunidad y desafío para PSP y fintechs

En paralelo, el BCRA lanzó el servicio de Cobro con Transferencia (CCT), que estará operativo para todo el sistema a fines de agosto. El CCT permitirá a los usuarios pagar cuotas de préstamos y obligaciones periódicas a través de transferencias inmediatas, sin la intermediación de tarjetas ni débitos automáticos.

El documento oficial precisa que el objetivo es facilitar la cobranza recurrente, reducir la fricción en la experiencia de usuario y potenciar la inclusión financiera. Para bancos y fintechs, el CCT representa una oportunidad para captar nuevos clientes, diferenciar servicios y ampliar el menú de pagos automatizados. Pero al mismo tiempo, exige que todos los actores cuenten con procesos y estructuras tecnológicas suficientemente seguras, así como una gestión proactiva de fraudes y errores operativos, tanto en el front como en la tercerización de procesos.

Desde el punto de vista operativo, la implementación del CCT requerirá inversiones específicas. Los PSP deberán adecuar sus sistemas para soportar transferencias inmediatas, gestionar la conciliación y almacenamiento seguro de datos sensibles, y cumplir con los nuevos estándares de seguimiento transaccional y auditoría. Aunque el informe del BCRA no brinda cifras de costos, destaca la relevancia creciente del cumplimiento regulatorio y su impacto directo en la competitividad de las firmas.

Riesgos: exposición y cumplimiento bajo la lupa

El BCRA vincula el riesgo operacional y tecnológico como una vulnerabilidad creciente del sistema. Si bien hasta el momento no registró incidentes sistémicos de ciberseguridad, remarca la aceleración en la frecuencia y sofisticación de ataques maliciosos, fraudes y fallas de sistemas. Para el sector de tecnología financiera, esto implica una presión creciente sobre los equipos de gestión de riesgos y ciberseguridad, así como sobre la cadena de valor de proveedores y tercerizados.

Entre los elementos clave de la nueva regulación, destacan:

• Implementación obligatoria del modelo de tres líneas de defensa para la gestión de riesgos.
• Ampliación de las responsabilidades del Directorio y alta gerencia sobre ciberseguridad.
• Requisito de fortalecer la transparencia operativa y la trazabilidad de incidentes.
• Definición y monitoreo de la "resiliencia operacional" como criterio de cumplimiento regulatorio.

La implementación de la norma es proporcional: bancos y PSP deberán ajustar la profundidad de los controles de acuerdo con su tamaño, complejidad y perfil de riesgo. Sin embargo, para todos, implica una mayor exigencia en presupuesto, talento y auditorías de terceros.

Operar y competir: hacia un entorno más robusto (y costoso)

La convergencia de regulación y tecnología marca un antes y un después para el ecosistema fintech argentino. A la vez que el CCT abre espacio para modelos de negocio ágiles y pagos automatizados, también eleva el umbral mínimo de inversión en seguridad y compliance. Bancos, fintechs y PSP que no puedan sostener procesos robustos enfrentarán barreras para operar, así como posibles sanciones regulatorias.

Para proveedores de tecnología, se abren oportunidades en servicios especializados de ciberseguridad y gestión de compliance tercerizado. El BCRA, por su parte, deja claro que continuará el monitoreo y la actualización normativa según la evolución tecnológica y los riesgos emergentes.

Cierre: implicancias sectoriales y perspectivas

El sector fintech y los proveedores de servicios de pago deben prepararse para una segunda mitad de 2026 marcada por dos factores clave: estándares de ciberseguridad más estrictos y el despliegue operativo del CCT. Aquellas empresas que logren implementar procesos y herramientas de gestión de riesgos sólidos no solo cumplirán con la norma sino que estarán en mejor posición para aprovechar la expansión de servicios digitales. Los desafíos principales estarán en la calibración del costo de cumplimiento, la adaptación organizacional y la capacidad de innovar sin perder robustez operativa.

Claves para el sector

• El CCT será obligatorio y operativo a fines de agosto para todo el sistema financiero.
• Normas de ciberseguridad y gestión de riesgos se aplicarán por igual a bancos y PSP.
• Se exige mayor control sobre la tercerización tecnológica, especialmente internacional.
• Las inversiones en seguridad y compliance serán factor competitivo desde 2026.
• Proveedores de tecnología y ciberseguridad tienen una ventana de oportunidad ante nuevas demandas de bancos y fintechs.